Ponemos a su disposición este documento que ofrece las pautas generales para protocolos de actuación en situaciones de violencia y riesgo en los centros educativos.

1.   Alcance de los protocolos.
2.   Desde   el   enfoque   de   derechos y responsabilidades de la niñez y adolescencia.
3.   Orientaciones  jurídicas  para  atender  situaciones de  violencia.
4.   Obligaciones   y/o   responsabilidades  en  situaciones  de  violencia según edad.
5.   Responsables y responsabilidades  en  la  implementación  de los protocolos.
6.   Responsabilidad   de   denunciar cualquier situación que violente los derechos de niñas, niños, y adolescentes.
7. Reconocimiento  de  los  delitos  contra  la  niñez  y  adolescencia.
8. Dónde  denunciar  un  delito  de violencia contra una persona menor de edad.
9. Preguntas frecuentes.

El bullying es una realidad que sufren los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en todo el mundo. Afecta su bienestar, su desarrollo y el ejercicio de sus derechos y responsabilidades.

Atender las situaciones de bullying en el ambiente educativo, exige un esfuerzo coordinado y articulado de asignación de tiempo, recursos, tareas y responsabilidades de todas y todos los actores de la comunidad educativa e instituciones responsables de la atención de la población infanto-juvenil. Para lo que se necesita una ruta de procedimientos.

El Protocolo de actuación en situaciones de bullying responde a la revisión del publicado en el año 2012. Es una versión revisada, contextualizada y mediada pedagógicamente para brindar las pautas y una ruta de los procedimientos inmediatos para intervenir en una situación de bullying, que ocurra tanto dentro como fuera del centro educativo y manifieste sus consecuencias en la dinámica institucional y el entorno educativo.

Revista Protocolo de actuación en situaciones de bullying 

El presente documento fue diseñado especialmente para personal administrativo y docente y demás integrantes de la comunidad educativa, su propósito es generar una serie de recomendaciones prácticas en torno a enfrentar y actuar ante la discriminación por orientación sexual e identidad de género, no normativa, dentro del sistema educativo costarricense, con la intención de que este se vuelva un entorno seguro para el desarrollo integral de todas las personas menores de edad y demás población estudiantil. Consta de 68 páginas en las cuales encontrará definiciones para comprender el bullying por orientación sexual e identidad de género así como pasos intervenir desde el marco de los protocolos de actuación oficiales, finalmente a partir de la página 69 se identifican los anexos con los instrumentos y guías para el abordaje educativo y referencias a otras instituciones. Les invitamos a revisar este valioso material, con gusto estamos para apoyarles.

Revista Protocolo de Atención del bullying contra la población LGTBI inserta en los centros educativos 

El Protocolo de actuación en situaciones de discriminación racial y xenofobia es una herramienta para que el personal docente y administrativo de centros educativos pueda atender situaciones de discriminación y potenciar el cumplimiento de los derechos de igualdad, libertad, dignidad y no discriminación en la población estudiantil. Contempla cinco niveles principales para el abordaje integral de la discriminación racial y la xenofobia: la prevención y sensibilización, la detección, actuación, sanción o reparación, el registro y la evaluación. Y presenta la ruta de actuación en ocho pasos: el primero consiste en detectar la situación de discriminación; el segundo, la comunicación con la dirección; el tercero, la atención de la situación; el cuarto, comunicación con la familia o persona encargada; el quinto, la entrevista con todas las partes; el sexto, la definición de las medidas correctivas; el sétimo, la elaboración del informe de actuación; y el octavo y último, el seguimiento y la evaluación del caso.

El protocolo fue creado mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación Pública (MEP), desde la Dirección de Vida Estudiantil, y el Departamento de Educación Intercultural de la Dirección de Desarrollo Curricular, la Comisión Nacional de Estudios Afrocostarricenses (CONEA), con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

En el centro educativo las estudiantes y los estudiantes y todas las personas que integran la comunidad educativa, conviven como personas sujetas de derechos y responsabilidades, manejando creativa y pacíficamente los conflictos para construir relaciones armoniosas e inclusivas que permitan vivir una cultura de paz.

Es por ello que toda la comunidad educativa debe evitar la presencia de armas. Se deben identificar como un peligro, que atenta contra la convivencia y genera más violencia.

Pero si a pesar de todos los procesos preventivos sucede alguna emergencia, es fundamental que seamos capaces de detectar su presencia y aplicar en los centros educativos el Protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia y uso de armas.

Revista Protocolo de actuación en situaciones de hallazgo, tenencia y uso de armas 

Los centros educativos están llamados a ser espacios seguros para el aprendizaje de una convivencia basada en la equidad y la justicia con un enfoque de derechos humanos, libres de toda forma de violencia y discriminación y de la presencia de los riesgos y las consecuencias de las drogas. Particularmente, la comunidad educativa debe velar porque los estudiantes y las estudiantes aprendan y convivan en un ambiente libre de drogas, que les permita desarrollar todo su potencial, y teniendo siempre como prioridad el Interés Superior del niño, la niña, la adolescente y el adolescente. El reto es prevenir que la comunidad estudiantil sufra las consecuencias del tráfico y consumo de drogas.

Revista Hallazgo, tenencia, consumo y tráfico de drogas

Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, pero las niñas, los niños, los adolescentes y las adolescentes en particular, están cubiertos y amparados por una especial protección establecida en convenios internacionales, como la Convención de Derechos del Niño y la legislación nacional el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Los centros educativos son espacios privilegiados para la promoción del desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes: para el aprendizaje de formas sanas de convivir y relacionarse con otras personas; pero también son espacios donde, lamentablemente, pueden darse hechos de violencia, o bien conocerse manifestaciones de esta, en perjuicio de la población estudiantil.

Existe una clara obligación de prevenir la violencia, de prestar atención a cualquier signo de maltrato y actuar de manera diligente y expedita, en función de proteger y exigir el respeto de los derechos humanos de las personas menores de edad, de manera que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos; así, se construyan relaciones armoniosas e inclusivas que permitan vivir una cultura de paz.

La comunidad educativa tiene la responsabilidad de trabajar en la prevención de la violencia; sin embargo, cuando la prevención ya no sea efectiva y se conozcan situaciones en las que se violente a integrantes del estudiantado, se debe aplicar el Protocolo de actuación en situaciones de violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual.

Revista Protocolo de actuación en situaciones de violencia física, psicológica, sexual, acoso y hostigamiento sexual

El Ministerio de Educación Pública (MEP), pone a disposición de toda la comunidad educativa del país, el Protocolo de atención a la población estudiantil que presenta lesiones autoinflingidas y/o en riesgo por tentativa de suicidio, con el fin de brindar información sobre la temática y guiar las acciones para la actuación de los centros educativos al identificar población en condiciones de vulnerabilidad y además, para la promoción de factores protectores y de prevención del riesgo.

Revista Protocolo de atención a la población estudiantil que presenta lesiones autoinfligidas y/o en riesgo por tentativa de suicidio

El Manual de atención del embarazo y maternidad en personas menores de edad insertas en el sistema educativo va dirigido al personal que labora en los centros educativos, para la atención del embarazo y la maternidad : En primer lugar, que las niñas y adolescentes se mantengan en el sistema educativo como medida de protección y, en segundo lugar, brindar una respuesta institucional a su condición y situación, bajo un ambiente seguro, de calidad y libre de toda discriminación. Es así, que se definen las siguientes orientaciones puntuales, que permiten la atención integral de la persona menor de edad, como sujeto de derechos, y que les posibiliten continuar ejerciendo su derecho a la educación, así como el acceso a los servicios de salud para su desarrollo integral.

Revista Manual de Atención del embarazo y maternidad en personas menores de edad insertas en el sistema educativo

Este protocolo pretende garantizar el derecho a la educación de las personas sobrevivientes-víctimas del delito de trata de persona, para ello se establece una ruta de trabajo para las personas funcionarias del MEP, coherente con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en temas relacionados con igualdad de género, trabajo decente, reducción de desigualdades, educación de calidad, entre otros.

Revista Protocolo de actuación institucional para la restitución de derechos y acceso al sistema educativo costarricense de las personas víctimas de sobrevivientes del delito de trata de personas y sus dependientes